INCUMPLIM..

INCUMPLIMIENTO DE LA LEY Y ESTADO DE DERECHO.

El incumplimiento de la Ley por parte de un ciudadano, o el no acatamiento de una sentencia es grave, pero la  propia Ley tiene instrumentos para enderezar esta actuación, peor es cuando este supuesto de hecho se centra en alguien con responsabilidad política, el incumplimiento lo es de extrema gravedad, y lo es mayor conforme lo es la responsabilidad política.

Lo mismo hay que decir de las resoluciones judiciales, las cuales sólo pueden ser combatidas mediante remedios procesales, y cuando son firmes deben ser cumplidas, y con mayor razón cuando el mandato judicial va dirigido a los responsables políticos.

Extrema gravedad, por su obligado cumplimiento inseparable e incrustado en la esencia doctrinal de un Estado de Derecho y más grave todavía en una persona con responsabilidad pública, de tal suerte que el ejemplo que traslada al ciudadano es muy peligroso, puesto que así, cualquiera que perciba una Ley o una sentencia como injusta, tendrá una justificación para no cumplirla.

En España hemos asistido a  algunos acontecimientos en los que, por desgracia, responsables políticos han incumplido determinadas resoluciones judiciales, lo cual supone también el incumpliendo de la propia Ley.

Ejemplos como lo ocurrido en torno al Estatuto de Cataluña,  al uso de lenguas, el incumplimiento de las resoluciones judiciales de La Junta Electoral Central, del Tribunal Supremo y del Constitucional (nada más y nada menos) la víspera de una cita electoral, por citar algunos de los muchos incumplimientos de los últimos tiempos, no son  el mejor de los comportamientos de aquellos que además de ser responsables políticos, deben conducirse con un máximo de responsabilidad y más si alguien opta en el futuro a cargos políticos de máxima responsabilidad.

Más allá de la finalidad, es obvio que en una sociedad  sometida de forma voluntaria  a un Estado de Derecho, tales  actuaciones  deben obtener la respuesta que en Derecho, esto es, conforme a la Ley, está prevista. Las normas se elaboran con una vocación permanente de cumplimento; las normas imperativas y prohibitivas, necesarias en cualquier sociedad, deben tener previstas las consecuencias para el caso de su incumplimiento. Estas normas inciden directamente en el comportamiento de los ciudadanos, de tal modo que advierten lo que se debe hacer en el caso de las imperativas, y  lo que no se debe hacer en el caso de las prohibitivas, de tal modo que el legislador trata de orientar el comportamiento del ciudadano a través de los dictados de la norma.

Cuando las leyes se consideran injustas o abusivas, si sobrepasan los cánones de constitucionalidad, sólo pueden ser combatidas con nuevas leyes que las deroguen, y ello mediante los procedimientos democráticos, tratando de convencer al legislador o contribuyendo en unas elecciones democráticas al cambio de las mayorías preexistentes.

Ejemplos como el de Sócrates, el cual pudiendo haber huido con la ayuda de su discípulo Critón, tras el dictado de una sentencia de muerte, sometiéndose a una Ley que siempre cumplió, debería inspirar a alguno, o de lo contrario, tarde o temprano, soportará todo el peso de esa Ley que algún día incumplió, peso que será mayor cuanto mayor haya sido su responsabilidad política en el momento del incumplimiento. A estos efectos o el Estado de Derecho quiebra y España está en alerta roja, o inexorablemente el peso de la Ley caerá sobre los culpables.

Fdo.: Emilio Clemente.- Ex Presidente de la Diputación de Guadalajara.